El proyecto presentado al Ministerio de Economía y al Banco de España prevé la escisión y financiación externa de una cartera de activos que ahora tienen muy escasa liquidez en el mercado.

El Banco Popular trata de soltar lastre a pasos agigantados fruto de su enorme exposición al ladrillo y ha emprendido contactos con el Ministerio de Economía y el Banco de España para crear un banco malo inmobiliario como paso previo para escindir de la matriz una cartera valorada en no menos de 5.000 millones de euros. La operación supondría un importante alivio de cara a las nuevas exigencias de capital impuestas por el Banco Central Europeo, ya que permitiría una reducción efectiva de los activos ponderados por riesgo (APR) dentro del balance de la entidad.

La creación del futuro banco malo pretende establecer una clara línea fronteriza entre las actividades propias del negocio financiero y las que se derivan de unas operaciones sobrevenidas que el Banco Popular ha tenido que asumir como consecuencia de la crisis. La entidad ha acumulado más de 16.000 millones de euros en inmuebles y quiere aprovechar la tendencia de recuperación que ahora muestra el mercado para lanzar una compañía independiente que será gestionada por expertos de reconocido prestigio y totalmente desligada del banco que preside Ángel Ron.

En un principio, los accionistas del Banco Popular coincidirán con los de la nueva filial inmobiliaria, pero el proyecto prevé un plan de escisión y financiación externa del eventual banco malo, que tendrá concentrada finalmente la mayoría del pasivo financiero en manos de inversores externos. La operación ha sido planteada en las últimas semanas a los distintos organismos supervisores, incluyendo el Banco de España y el propio BCE. La decisión del Ministerio de Economía será también decisiva a la hora de dar el visto bueno a un acuerdo que, en su caso, tendrá que ser refrendado en los próximos meses por el consejo de administración y la junta general del Banco Popular.

La liberación de los 5.000 millones de activos permitirá una reducción de los perfiles de riesgo de la entidad con vistas a futuros ejercicios de estrés y disminuirá el volumen de deuda al tiempo que aumentará la rentabilidad. El Banco Popular espera conseguir una mejora de sus niveles de percepción en el mercado que contribuya a recortar el coste de la financiación en un momento especialmente crítico para el sector bancario ante la caída drástica de los márgenes de intereses. La operación es también una garantía a futuro para mantener los nuevos ratios de capital que reclama el BCE y que el Banco Popular tiene ahora establecidos en un 10,6%, incluyendo 1,4 puntos de activos fiscales diferidos (DTA).

La operación supondría un fuerte alivio para la entidad en un momento crítico por la caída de márgenes y las nuevas exigencias de capital que va a imponer el BCE

La definición de una estructura empresarial en el segmento inmobiliario, que tendrá sus propios órganos de gobierno independientes y especializados, servirá para imponer una gestión alternativa de negocio con sus propios canales de distribución al margen de las restricciones que exige la actividad financiera. El Banco Popular transfirió a finales de 2013 la mayoría de capital de Aliseda, su gestora inmobiliaria, a las firmas estadounidenses Värde Partners y Kennedy Wilson, en una operación por la que obtuvo plusvalías de más de 700 millones de euros. Poco después, vendió también a Värde el 51% de su negocio de tarjetas con unas ganancias de 400 millones.

El planteamiento que ahora está sobre la mesa es mucho más ambicioso desde el punto de vista de la estrategia del banco, que pretende desconsolidar de manera definitiva unos activos con escasa liquidez. La opción deaprovechar la regulación fiscal para constituir una socimi como las que se han ido desarrollando en el mercado bursátil a lo largo de los últimos años no está descartada, aunque tampoco es una opción preferente de partida. El objetivo es garantizar un proyecto que sea financieramente neutro en el momento inicial para el Banco Popular y que a la larga aminore las necesidades de saneamiento generadas por la crisis del ladrillo.

El grupo presidido por Ángel Ron trabaja paralelamente en el desarrollo de su futura sede central, que estará terminada a mediados de 2017 en la calle de Juan Ignacio Luca de Tena, en el distrito madrileño de San Blas, situado en la zona norte de la capital. El Banco Popular va a edificar 45.000 metros cuadrados sobre rasante y otros 78.000 bajo superficie dentro de un proyecto que comprende la puesta en marcha de un centro de ocio y servicios, dotado con un supermercado que actuará como ancla comercial en un espacio donde la oferta de restauración es realmente escasa. Más de 3.000 empleados de la entidad se mudarán al nuevo edificio situado sobre los terrenos que en su día pertenecieron a las rotativas del ‘Diario ABC’.

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